COMUNICADO

“El Consejo de la Facultad de Humanidades y Educación, en su sesión extraordinaria número 1, de fecha 23.03.17, acordó emitir un comunicado público, ante la comunidad universitaria y emeritense en general, para fijar posición frente a los actos de violencia que se han generado en diversos espacios e instalaciones de la Universidad de Los Andes y, especialmente, en las inmediaciones de nuestra Facultad.

En tal sentido, este Consejo de Facultad expresa su rechazo contundente y categórico contra la escalada de hechos de violencia ‘liderados’ por un grupo minúsculo de facinerosos que amparados en el uso de armas de fuego y blancas, objetos contundentes y escondiéndose tras máscaras y capuchas, han perpetrado innumerables amenazas, terror, intimidación, golpizas, robos, hurtos, entre otros, contra los miembros de nuestra Universidad. Situación está que ha generado caos, anarquía, anomia e ingobernabilidad impidiendo y entorpeciendo el cumplimiento de las funciones esenciales de docencia, investigación y extensión, propias de toda casa de estudios universitarios. 

Igualmente, nos solidarizamos con el resto de Facultades que han sufrido  ataques permanentes, con los estudiantes, profesores, personal administrativo de la Universidad de Los Andes y la comunidad en general, que han sido objeto de golpes, hurtos y robos, de malos tratos y vejámenes por parte de estas bandas armadas que nos asedian día a día, bajo la mirada indiferente de los cuerpos de seguridad ciudadana.

Denunciamos y rechazamos públicamente el uso de prácticas de violencia política, humillantes y desmoralizantes, propias de regímenes fascistas y nazistas, utilizadas por los delincuentes que tienen sitiada a la Universidad, como lo son los intentos para desnudar públicamente a los estudiantes que defienden sus derechos, por cuanto que son comportamientos deleznables que pretenden mancillar el honor y la dignidad de los universitarios. 

Exigimos a los órganos de Seguridad Ciudadana que actúen en defensa de la protección a las personas y sus pertenencias, establecida en el artículo 55 de la Carta Magna y, en consecuencia, activen los mecanismos útiles y apropiados para enfrentar y repeler las bandas organizadas que impiden a la ciudadanía la tranquilidad y confianza necesarias para desarrollarse, integral y positivamente en el marco de los procesos políticos, económicos, culturales, educativos necesarios para el avance de nuestra sociedad. 

Finalmente, solicitamos al Consejo Universitario se apruebe que, el Servicio Jurídico de la Universidad, recurra a todos los recursos administrativos y legales a su disposición para conseguir que, por intermedio de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía del Ministerio Público, Los Consejos de Protección del Niño, Niña y Adolescente, las Defensorías Educativas, la Corporación de Salud, cualesquiera otros órganos administrativos involucrados y los órganos jurisdiccionales competentes, se declare y reconozca a nuestro Núcleo Liria como Zona de Protección Especial contra la Violencia, con carácter de cumplimiento obligatorio para todos los órganos a quienes les compete la garantía de Seguridad Ciudadana. 

Tal solicitud la hacemos en razón de que la escalada de violencia va en franco aumento y los órganos de Seguridad del estado, a quienes les compete la Seguridad Ciudadana, no hacen nada para detenerla violando el apartado segundo, del artículo 30 de la Constitución Nacional que establece, como garantía de protección de los Derechos Humanos, la obligación  que tiene el Estado de proteger a las víctimas de los delitos comunes y de accionar el aparato judicial para que los culpables reparen los daños causados. 

Vulnera, además, tal omisión de los órganos de seguridad ciudadana del estado Mérida, el artículo 46 ejusdem que reconoce el derecho humano de toda persona a que se respete su integridad, física, psíquica y moral y, en consecuencia, establece la garantía de su protección contra el sometimiento a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Para evitar la vulneración de dicho Derecho Humano, el numeral 4 del mencionado artículo 46 ejusdem declara que ‘Todo funcionario o funcionaria pública que, en razón de su cargo, infiera maltratos o sufrimientos físicos o mentales a cualquier persona, o instigue o tolere este tipo de tratos, será sancionado o sancionada de acuerdo con la ley.’ (Cursivas y negritas nuestras). Además, esta previsión constitucional que declara la responsabilidad de los funcionarios públicos por violación de Derechos Humanos, es una garantía para que los ciudadanos accionen todos los órganos, mecanismos y procesos necesarios para restituir los derechos vulnerados. 

Es justamente esa  acción la que estamos solicitando a nuestra Universidad para la protección de nuestros derechos, toda vez que, en esta zona, no solo funcionan instituciones universitarias como las Facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas, Ciencias Económicas y Sociales y Humanidades y Educación, todas de la Universidad de Los Andes, la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas (UNEFA) y la Universidad Nacional Abierta (UNA); sino también diversos planteles educativos del subsistema de Educación Básica como la Unidad Educativa Emiro Fuenmayor, la Escuela Técnica ‘Simón Rodríguez’, el Centro Educacional de la Asociación de Profesores de la Universidad de Los Andes, Unidad Educativa ‘Carlos Emilio Muñoz Oraá’ (CEAPULA), cuyos niños y adolescentes, ante las situaciones de violencia, continuamente ven expuestas su integridad personal y sus pertenencias, como la de sus padres y representantes, debido a que la delincuencia no respeta ni edad, ni género, ni estado de salud. Igualmente, en esta zona se presta atención médica y hospitalaria en el Hospital Sor Juana Inés de La Cruz, en el Ambulatorio Venezuela, y en otros centros y clínicas privadas para atender a la población no solo de las adyacencias, sino de  todo el estado Mérida. Como si esto fuera poco, en lo material, los vecinos y dueños de farmacias, laboratorios, negocios y empresas se han visto perjudicados considerable y constantemente con los actos de violencia, puesto que han arreciado significativamente en intensidad y continuidad en los últimos tiempos, cuyos efectos perjudican fundamentalmente a los niños y ancianos de la zona. 

Las razones expuestas, además de las evidencias públicas notorias y comunicacionales,  son más que contundentes para fundamentar jurídica y legalmente el petitorio ante los órganos competentes.

Dado, firmado y sellado en el Salón de Sesiones del Consejo de la Facultad de Humanidades y Educación a los 03 días del mes de mayo de 2017.”

Por el Consejo de Facultad.

 

Francisco Quiñonez

Secretario de Actas del Consejo de Facultad